Volver a casa parece ser siempre una razón de alegría, de reencuentro, o de amor; pero en ocasiones volver a casa significa revertir los roles establecidos, los miedos e inseguridades.
Para los jóvenes que crecen dentro del sistema de protección y sus familias se suceden con demasiada habitualidad estos sentimientos de ambivalencia en el retorno a casa.
El presente artículo plantea un análisis de la situación que experimentan estos jóvenes durante el periodo de transición a la vida adulta. Los resultados visibilizarán una contradicción entre la realidad familiar conflictiva de estos jóvenes y las expectativas de un tránsito a la vida adulta precisamente con la familia como principal referente y recurso. Se trata de un aspecto problemático y contradictorio dado que la intervención con las familias de los y las jóvenes resulta compleja, la participación y el compromiso familiar con el proceso de emancipación son escasos y, en general, son valorados negativamente por los y las profesionales, llegando a ser considerados como un obstáculo para su desarrollo.
Comenzamos con un análisis de las principales dificultades que caracterizan este proceso de transición una vez que son obligados a salir de los entornos de protección que les ha estado salvaguardando, para a continuación, contextualizar la situación de dos países con una estructura social y políticas públicas diferentes en cuanto al acompañamiento, pero con nexos comunes: España y Argentina. Finalmente extraemos algunas orientaciones que van a permitir avanzar en la mejora de este período sensible en el desarrollo de estos jóvenes.
La transición a la vida adulta
La transición a la vida adulta es un fenómeno que se ha ido complejizando en los últimos años en la población normalizada; por consiguiente, en relación a los jóvenes con dificultad social se vislumbra que adquiere tintes particulares. Si para la población normalizada esa transición se encuentra entre los 28 y 48 años, para los jóvenes procedentes del sistema de protección el cumplimiento de la mayoría de edad legal (18 años en España y Argentina, por ejemplo) es el requisito que marca el inicio de dicho proceso. Esto conlleva, necesariamente, a entender que realizan su transición antes de haber realizado otras transiciones que la preceden, como son la finalización de los estudios básicos y/o conseguir un primer empleo. Lo que supone, para ellos, que estas transiciones estén inacabadas o se complejicen. Además, el salto a la vida adulta de estos jóvenes no suele tener un “colchón” familiar, es decir, se suele realizar sin el apoyo económico, emocional y de vivienda que la familia biológica provee a los jóvenes en la cultura occidental.
¿Cuál es el principal problema que deben sortear? El habitacional, es decir, conseguir un hogar o alojamiento estable en el que vivir. Las mayores dificultades se producen en el primer año de la salida del sistema. Esto acarrea dos tendencias: numerosos cambios de alojamiento en breves periodos de tiempo y el retorno no planificado a la familia de origen sin garantías de que esto sea una solución positiva o de larga duración en el tiempo.
De ahí, que la red de apoyo social y familiar se vislumbre como algo fundamental para la transición a la vida adulta, a pesar de su complejidad, al proporcionar ayuda psicológica y recursos que mitiguen el estrés, es decir, proporcionen apoyo emocional (amor y empatía) e instrumental (dinero y tiempo) que garanticen el éxito. Otras investigaciones resaltan, también, el rol de los profesionales, la pareja y los amigos como factores importantes para el análisis de este proceso; siendo el primero reflejo de la sensibilidad de las políticas públicas desarrolladas por las diferentes administraciones como se esbozará a continuación en el caso español y argentino.
La situación en España
Al igual que ocurre en otros países, investigaciones recientes en España apuntan la necesidad de prevenir las situaciones marginales que sufren los jóvenes tutelados que abandonan el sistema de protección antes de los 21 años. Un incremento en habilidades, conocimientos y actitudes podrían favorecer su proceso de autonomía y emancipación.
Para ello, el desarrollo personal estructurado en diferentes dimensiones, tales como: las competencias personales, profesionales y familiares que requieren de formación, integración laboral, capacidades para la gestión económica, idoneidad habitacional, salud, organización doméstica y residencial, así como de relaciones familiares, sociales y afectivas adecuadas que capaciten a los jóvenes tutelados en esa transición a la vida adulta, se vuelve clave.
En este sentido, las políticas públicas, durante y después de la salida de éstos del sistema, son esenciales para reforzar el trabajo que hacen los educadores.
Así, en el año 2015 fue aprobada en el Congreso de los Diputados la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Esta ley contempla en su articulado referencias a la necesidad de que las Entidades Públicas dispongan de programas y recursos destinados al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protección (Art. 11.4), así como programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial (Art. 22. Bis).
Los jóvenes, a diferencia de los profesionales, dan más importancia al papel que desempeña la familia. Sus expectativas de futuro al salir del centro se limitan a tener independencia y hallarse en su entorno familiar. Aproximadamente la mitad de los jóvenes protegidos creen que sus familias pueden ayudarles en su proceso de emancipación tras la salida del centro, aunque sólo sea en términos emocionales, y no económicos. Para jóvenes y educadores, la familia es una de las principales alternativas a la salida del sistema. A pesar de encontrarse con que muchas de estas familias están desestructuradas, por la falta de madre y/o padre, porque los progenitores estén ausentes del núcleo familiar o bien estén separados o divorciados, siguen siendo fundamentales para su desarrollo. Y eso, contrariamente a que los educadores valoren poco la calidad de las relaciones de los jóvenes con sus familias que, en muchos casos, no han participado en las actuaciones realizadas en el centro.
En definitiva, de la investigación actual en España, se desprende que es necesario un mayor ajuste en la intervención en torno a la situación familiar más allá de otras cuestiones para mejorar el tránsito a la vida adulta. Es importante ayudar a los jóvenes a anticiparse a los conflictos familiares y enfrentarse a las situaciones de estrés causadas por éstas. Volver puede suponer enfrentarse con los mismos problemas que originaron su salida o recibir un trato infantil respecto al de la residencia que les incomode y afecte en el proceso. Dicho de otro modo, se puede decir que estas investigaciones ponen el foco en la necesidad de generar políticas públicas de inserción que ayuden a los profesionales a paliar el escaso compromiso familiar y crear en los jóvenes competencias y habilidades personales, profesionales y familiares que les ayuden en esa transición más allá de los problemas concretos, como podrían ser los habitacionales o la falta de empleo siempre importantes, con el objetivo de que sean ellos mismos los que alcancen un desarrollo exitoso.
El caso argentino
En Argentina hay actualmente más de diez mil jóvenes que viven bajo protección del Estado. Mientras que la principal causa de ingreso al sistema de protección son las violencias (maltrato, abandono, abuso sexual) que sufren dentro de su propia familia, la salida puede tener distintos motivos. Entre ellos, regresar a su medio familiar siempre que se hayan revertido las causas que dieron origen a la separación o bien salir por haber alcanzado la mayoría de edad, ya sea con un proyecto de vida autónomo o sin él.
Son estas últimas situaciones, la que realmente preocupan. Dado que al cumplir los 18 años, se ven obligados a salir al mundo sin el apoyo de una familia y sin un sólido respaldo del Estado.
Sus principales problemas, como también se aprecia en la investigación internacional, son: en primer lugar, el habitacional. No hay sitio a donde ir y sin el apoyo del Estado, las alternativas no son muchas: o bien regresar con la familia de origen a pesar de haber estado separados de ella durante años; o quedar en situación de calle, es decir, se convierten en “personas sin techo”.
En segundo lugar, la ausencia de acompañamiento y contención al momento de la salida es otro de los obstáculos con los que debe lidiar un joven. Esto significa que la salida del sistema de protección la realizan en absoluta soledad: sin familia y sin apoyo de los trabajadores del sistema.
Esta realidad argentina está en vías de modificarse ya que en el año 2017 entró en vigencia la ley nacional Nº 27.364 que creó el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales. Esto implicó que por primera vez el Estado argentino reposara la mirada en este grupo poblacional y diseñe un modelo de acompañamiento para quienes egresan del sistema por mayoría de edad. Dicho programa prevé específicamente el acompañamiento personal y/o emocional que consiste en la asignación de un referente cuya función es acompañar a cada joven en el fortalecimiento de su autonomía. Este acompañamiento, además de ser individualizado, esto es, respetando las características particulares de cada joven; debe ser integral. Lo que implica que debe hacerse teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: a) salud, salud sexual, procreación responsable y planificación familiar; b) educación, formación y empleo; c) vivienda; d) derechos humanos y formación ciudadana; e) familia y redes sociales; f) recreación y tiempo libre; g) habilidades para la vida independiente; h) identidad; i) planificación financiera y manejo del dinero. A su vez consta de dos etapas: la primera se extiende desde los 13 años o edad posterior al ingreso al sistema de protección y hasta el momento de la salida. La segunda etapa se extiende desde el momento del egreso y hasta los 21 años.
En cuanto a la cuestión habitacional, implica poder contar –como es el caso de las distintas comunidades autónomas de España- con pisos asistidos y/o casas de pre egreso como el nexo entre la institución de cuidado y la vida independiente. Allí aprenden a administrar una casa; realizar las comprar, cocinar, lavar, gestionar el dinero. Son procesos de adquisición progresiva de autonomía para llegar a independizarse. De esta manera se busca que los jóvenes puedan comenzar a construir un hogar después de haberle sido negada esa posibilidad durante su infancia. Además de prever ayudas estatales para facilitar el acceso a una vivienda digna.
En cuanto a la dimensión de familia y redes sociales, está orientada a que los jóvenes puedan abordar el vínculo con su familia de origen, extensa y/o ampliada de la manera más saludable de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso. Y establezcan vínculos saludables y libres de todo tipo de violencia con sus compañeros, amigos, parejas, adultos significativos y referentes afectivos y comunitarios.
A modo de cierre
La información analizada nos permite concluir que tanto en España como en Argentina, son similares los retos a los cuales se enfrentan los jóvenes que abandonan el cuidado institucional en su tránsito a la vida adulta.
De ahí, la necesidad de contar con programas que garanticen la preparación y el acompañamiento para el momento de la transición del sistema de protección a la vida adulta y que estos se vuelvan imprescindible para dicha transición.
Por ello, entendemos que se requiere de avances en el análisis de la perspectiva política, científica y/o profesional donde se incida en acciones para construir un marco teórico sólido, detectar factores de riesgo y de protección. Así como en acciones que mejoren los aspectos emocionales, de empoderamiento, participativos, recursos para la resiliencia, o simplemente la toma de consciencia en el proceso para los propios jóvenes.
Finalmente, es necesario contar con profesionales formados y con recursos que sean capaces de adecuarse a las familias, pero, fundamentalmente, de atender las necesidades de los jóvenes, regular las competencias parentales y compensar las situaciones del contexto de una manera más específica.
Aunque se haya avanzado, desde el punto de vista normativo en esta línea en los últimos años, tal como hemos visto tanto en España como en Argentina, la realidad de los y las jóvenes que abandonan el sistema de protección habla por sí sola. Es necesario, por tanto, de nuevas miradas que incidan en los períodos críticos, especialmente cuando se inicia el tránsito a la vida adulta a fin de poder acortar la brecha entre el derecho y la realidad.
Autoras: Carolina A. Videtta, María José Díaz Santiago y María Pilar Rodrigo Moriche
Notas:
El texto presentado se vincula al proyecto de investigación CTINV084/15-EVAP (Evaluación del Plan de Autonomía Personal 16-21) desarrollado por el grupo de investigación “TABA International Research” de la UNED (IP del proyecto: Miguel Melendro) y cofinanciado por la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, Fundación SM, Fundación Isos, Opción 3 S.C. y Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (FAD).
