“Juventud en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España”, es un estudio que surge de la colaboración entre el Instituto de la Juventud (Injuve) y el Consejo de la Juventud de España (CJE). Su principal objetivo es el de evaluar de forma urgente el impacto que la crisis sanitaria de la COVID-19 está teniendo sobre las posibilidades económicas, laborales y de emancipación de la juventud española.
El estudio se ha dividido en dos entregas, esta primera está dedicada a medir el impacto de la pandemia, y de las medidas de confinamiento, sobre el mercado laboral juvenil, abarcando aproximadamente el primer mes posterior a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020). Mientras que en la segunda entrega se evaluará la situación post-pandemia y el crecimiento perdido, en términos relativos, entre las expectativas y la realidad del segundo semestre de 2020.
El análisis de la situación laboral de los y las jóvenes durante ese primer mes de confinamiento, indica, según los responsables del informe, que la población joven experimentará con especial intensidad la probable merma en la actividad y de la crisis de empleabilidad que ya se observan a escala general. Una conclusión general que se extrae de los principales resultados que se recogen en el estudio:
En abril hay un 33,3% más de personas jóvenes en paro y un 82,4% más que son demandantes de empleo. Entre la población no joven los incrementos también han sido notables, pero de menor calibre (del 18,7% y el 66,2%, respectivamente).
Los ERTE han supuesto para los jóvenes, al igual que para el resto de los trabajadores españoles, un paraguas de protección temporal. Sin embargo, las personas jóvenes son el colectivo con un mayor riesgo de perder el empleo ante el fin de los ERTE. Una consecuencia que se explica por la dinámica de un sistema laboral dual: se contrata jóvenes en precario en épocas de bonanza y de mayor demanda, y se les expulsa a bajo coste cuando se presentan crisis de consumo.
El 72,1% de las personas jóvenes empleadas se encuentran en trabajos vulnerables. Aquellos colectivos, como la población joven, que ya antes se distinguían previamente por una inserción laboral más irregular y unas condiciones más precarias, son los que van a sufrir las consecuencias con mayor crudeza.
Finalmente, el 52,5% de la población joven empezó la crisis trabajando en sectores no esenciales que, durante meses, han visto suspendida su actividad. Según el propio Banco de España, estos sectores son susceptibles de sufrir con mayor virulencia las consecuencias de la crisis económica derivada de la COVID-19.
